Sacyr Vallehermoso se situó bien para el freno inmobiliario

Hola compañer@s, que tal estáis tod@s. Pues bueno aquí estoy un día más para compartir con vosotros esta noticia. Se trata de las buenas jornadas de la constructora Sacyr, sus resultados trimestrales presentados en la sesión de ayer, parecen sentar bien a sus títulos.


Hay algo que me sorprende y pregunto y es que cuando una empresa vende 71,9% menos del producto que ofrece y no ha suspendido pagos quiere decir que algo hizo bien para prepararse para el frenazo del que todos estamos hablando desde hace meses.

Esto es el caso de Sacyr Vallehermoso, con sus ventas en el primer trimestre del 2008 comparado con el mismo periodo del 2007.

Como sabemos, las empresas constructoras hace tiempo han diversificado sus negocios especialmente en servicios y Sacyr Vallehermoso ha sido una más.

No obstante, su negocio principal continúa siendo el de la construcción y de la venta de edificios y esto ha ido como ha ido.

Además, ha estado sufriendo bastante con su intento de compra de la empresa francesa, Eiffage, “una aproximación hostil” por parte de Sacyr Vallehermoso, que afortunadamente para estos ahora se ha resuelto, aunque tuvo atado muchos millones en capital durante muchos meses.

En estas páginas hemos comentado tantas diversificaciones y seguimos haciéndolo. No obstante, en estos momentos, sus accionistas deben felicitarles.

Noticia extraída: Cinco Días

SIGUE LA COTIZACIÓN DE SACYR VALLEHERMOSO.

Dinero o democracia

El reciente caso de David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno español y que acaba de cesar para pasar a ser presidente de la asociación SEOPAN -un grupo de interés formado por las principales empresas constructoras españolas- es una vergüenza, una corruptela que a base de sumarse a otras resulta letal para la democracia. Pero que no debería extrañar a nadie: en España y a nuestro alrededor se han dado un sin fin de casos similares en los últimos tiempos: Zaplana, Tony Blair, Jose María Aznar, Schröeder…

Las interrelaciones opacas, sucias y escabrosas que existen entre la economía y la política son cada vez más intensas, y son ya muchas las pruebas que nos obligan a reflexionar críticamente acerca de los mecanismos democráticos actuales. ¿Cómo es posible que personas que han ejercido su poder como cargos públicos pasen, en apenas unas semanas, a ser altos cargos en empresas privadas?

Los sueldos que les pagan al abandonar sus cargos políticos y el tipo de actividad sin otro cometido que el de medrar o mediar entre bambalinas gracias a las agendas adquiridas en la vida política, obligan a plantear muchas dudas sobre la honestidad con la que estos corruptos personajes han ejercido sus responsabilidades en el Estado. ¿Han velado realmente por el interés público o, por el contrario, han actuado de acuerdo con sus intereses personales y los de sus entornos más cercanos? ¿Recibirían las mismas ofertas si hubieran trabajado sólo por los intereses públicos?

El caso de David Taguas es paradigmático. Fue subdirector del servicio de estudios del BBVA, posición desde la que escribió a favor de la privatización progresiva de las pensiones, antes de ser nombrado director de la Oficina Económica del Presidente y asesor de Zapatero. Y lo siguió haciendo una vez ocupado este cargo, hasta el punto de que el propio Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía tuvo que rectificar sus opiniones en alguna ocasión. En medio de la crisis inmobiliaria, Taguas tomó posición a favor de que el gobierno interviniese en el mercado de la vivienda, acudiendo al rescate de las inmobiliarias en apuros, y contrariando de nuevo al Ministro de Economía. ¿No tiene que ver con nada de esto su actual aterrizaje en la presidencia del lobby de las grandes empresas constructoras españolas?

¿Quién puede creer que eso sea casual?

Todo lo contrario. Es absolutamente lógico que las grandes empresas que viven de favores públicos, o sus asociaciones constituidas como grupos de interés, contraten a aquellas personas que durante sus respectivas carreras políticas han estado a su servicio.

El problema es que hoy día existe una gran falta de transparencia, de modo que es imposible que los ciudadanos sepamos a qué se dedican de verdad nuestros representantes y gobernantes. Y eso es una de las grietas fundamentales por la que la corrupción se abre paso en España. De hecho, Transparency Internacional ha otorgado a nuestro país, en su último informe del 2007, un mediocre 6,7 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Un Índice que mide el nivel de transparencia existente en las instituciones, y que puede oscilar entre un máximo de 10 (transparencia total) y un mínimo de 0 (transparencia nula).
 
Hay que preguntarse, por tanto, por qué no se incrementan los esfuerzos en la lucha contra esta falta de transparencia. Resulta lógico que sospechemos que todo esto se produzca porque a los grandes poderes económicos y financieros les conviene la opacidad y el oscurantismo.

El capitalismo de hoy es efectivamente, y en palabras de Joseph Stiglitz, “un capitalismo de amiguetes”. Favores a empresarios familiares, concursos públicos adjudicados a empresas amigas, planificaciones de infraestructuras al servicio de intereses privados… es lo que nutre las cuentas de beneficios de las grandes empresas.

Pero, a pesar de su notable intensidad, los lazos corruptos que conectan la vida política con la vida económica salen a la luz únicamente de tanto en tanto, y empujados siempre por los casos más espectaculares o por aquellas pocas demandas judiciales que consiguen prosperar. Nos enteremos sólo de la calderilla, de las anécdotas, de la corrupción al por menor, pero nunca de los grandes casos. Entre otras cosas porque los jueces, los fiscales, los abogados del Estado y los medios de comunicación se encargan de silenciarlos.

Un ejemplo reciente es la imputación conjunta al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y al ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, de los delitos de apropiación indebida y falsedad en documentos mercantiles. ¿Alguien cree que llegará a algún sitio? ¿Alguien tiene la ingenuidad de que ahora no volverá a pasar lo mismo que con las anteriores querellas interpuestas contra el banquero?

En este caso, como en tantos otros, la presión ejercida desde las esferas más altas del poder económico y político consiguen siempre evitar que las demandas y querellas conlleven sanciones importantes y que desincentiven las prácticas corruptas.

Finalmente, no podemos obviar que los saltos al sector privado significan no sólo una mejora extraordinaria en la nómina, que a veces es lo que más se subraya en esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, sino también la permanencia en las estructuras de poder. Según un estudio empírico sobre el poder económico en España, realizado este año en la Universidad de Vigo, una pequeña elite que se corresponde con el 0,0035% de la población controla efectivamente “un recurso que equivale al 80,5% del PIB” español. De ahí nace su poder económico descontrolado, que se entremezcla difusa y peligrosamente con el poder político, tejiendo una red de intercambio de favores y concesiones corruptas y radicalmente antidemocráticas.

Es urgente tomar medidas efectivas y radicales contra la corrupción. Hay que revisar todos los mecanismos democráticos actuales, desde la financiación de los partidos políticos hasta las leyes de compatibilidad de los cargos públicos. Y se hace urgente mejorar el sistema judicial y establecer leyes más duras y ejemplares para aquellos que pretenden hacer de lo público su negocio privado.

Dinero o democracia. Esa es la cuestión.

 

http://www.transparency.org/
“Una aproximación a la red social de la elite del poder económico en España”.
http://www.ucm.es/info/ec/ecocri/cas/santos_castroviejo.pdf

INFORME DE INCLUSION SOCIAL ESPAÑA http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/01/30/informepobreza.pdf

Algunas reflexiones sobre las reformas laborales llevadas a cabo en los últimos años

   A pesar de las distintas reformas laborales que se han llevado a cabo en los últimos años,unas dirigidas a favorecer la contratación indefinida y reducir la temporalidad como modalidad de fomento del empleo,otras ,creando el contrato para el fomento de la contratación indefinida para determinados colectivos,con un coste de despido improcedente objetivo de 33 dias de salario/año de servicio y con un máximo de 42 mensualidades. Además de lo anteriormente descrito,se eleva el tipo de cotización por desempleo para los trabajadores temporales en relación al indefinido,se establece indemnización por finalización del contrato temporal de 8 dias/año frente a los 12 dias /año si el contrato se hace a través de una E.T.T;se encarece en un 36 % la aportación empresarial por contingencias comunes a la S.Social, cuando el contrato es inferior a 7 dias etc.etc.Es decir,que  todas éstas reformas han sido insuficientes para reducir la tasa de temporalidad,que se ha visto agravada por los efectos negativos que supone tanto para empresas y  trabajadores, como para la economia española,pues la excesiva precariedad en el empleo en nuestro país se debe  a varios factores,entre ellos: a) La falta de seguridad en el empleo de los trabajadores. b) La segmentación del m.t.entre trabajadores indefinidos y temporales,con costes de despidos muy diferentes.c) La diferencia salarial entre fijos y temporales,cobrando éstos casi un 40 % menos que   los indefinidos. d) El elevado grado de rotación laboral,la menor inversión de las empresas en formación de los trabajadores temporales,hacen que no aumente la productividad y competitividad de las empresas españolas. e) Por último,la mayor siniestralidad laboral de los trabajadores temporales por la escasa experiencia y formación que tienen.

   En definitiva,con todas éstas cuestiones en perspectiva,es lógico que la sociedad española demande una reducción substancial en la precariedad laboral,y que el Gobierno e interlocutores sociales deben de plasmar en sucesivos Acuerdos Nacionales y Europeos,puesto que ya hemos llegado a niveles de flexibilización muy altos,y ahora lo que conviene es crear empleos estables y de calidad,con actividades que generen más capital tecnológico y sean más productivas,ya que las iniciativas que se han llevado a cabo,se han basado siempre en la subvención a la contratación creando así un gran negocio para empresarios.    

 

  

Fracasa la directiva europea para los “sin papeles. Y España ampliará el plazo de internamiento de inmigrantes

Los representantes de los Veintisiete Estados miembros fracasaron ayer en su intento de alcanzar un acuerdo sobre la directiva de retorno de emigrantes sin papeles, situación en la que se encuentran cerca de ocho millones de personas en la UE. La iniciativa fracasó por el rechazo del texto consensuado con el Parlamento Europeo, porque 10 países exigieron incluir condiciones aún más duras a las acordadas.

Algunas de las razones de que no se llevó a cabo el consenso entre otras podría destacar éstas por ejemplo: Alemania, Austria y Grecia rechazan asumir los costes de la asistencia jurídica, Francia quiere poder echar a los menores aunque estén a mitad de curso. Los argumentos de rechazo se articularon en cinco grupos. Alemania, Austria y Grecia rechazaron tener que asumir los costes de la asistencia jurídica de los “sin papeles”. República Checa, Francia y Hungría pidieron un plazo menor al previsto, de 7 a 30 días, para los casos de salida voluntaria de los inmigrantes “sin papeles”. El tercer argumento lo abanderó Francia, que se opuso también a las garantías a los menores que se encuentran en edad escolar. El Gobierno francés quiere poder expulsar a los menores con independencia de su situación escolar, sin esperar al final del curso (que barbaridad nisiquiera esperan a que terminen el curso).

En definitiva, querían menos garantías para los inmigrantes. Finalmente, varios Gobiernos pidieron que los extranjeros expulsados de un país comunitario no puedan volver a dicho país durante un periodo más largo de los cinco años que establece la propuesta de directiva.

Por su parte, El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado hoy que el Gobierno español ampliará el plazo máximo de internamiento de los extranjeros que entren en el país irregularmente para facilitar las repatriaciones y que hoy está fijado en 40 días. El nuevo reglamento por lo visto ofrece un acuerdo de mínimos obligatorios para todos ya que actualmente hay algunos países de la UE donde el trato a los inmigrantes irregulares no está legislado y carece de la necesaria tutela judicial.

Aquí pueden informarse mucho mejor sobre este desacuerdo: Fracasa la directiva europea para los ’sin papeles’.

Y Pérez Rubalcaba asegura que la directiva europea sobre “sin papeles” no supondrá un recorte de derechos en la legislación” española: http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/ampliara/plazo/internamiento/inmigrantes/favorecer/repatriaciones/elpepuesp/20080508elpepueco_2/Tes


Me encantaría conocer vuestra opinión. ¿Que pensáis sobre estas medidas que se estan debatiendo y que posiblemente se lleven a cabo?, ¿Qué es lo que están haciendo mal o bien destacando nuestra situación actual en España?. ¿Consideráis oportunas estas reglas tan estrictas que se estan tomando en esta conferencia o son un tanto exageradas?. ¿han intereses ocultos?.

Bueno os dejo este debate abierto. Por favor, procura que tus comentarios estén relacionados con esta entrada.

Comienza de nuevo el diálogo social

Ante el cambio de Gobierno y el rápido deterioro del mercado laboral, el Ministerio de Trabajo ha convocado a los sindicatos y a la patronal para iniciar de nuevo el diálogo social. Y falta hace, ya que los datos del paro de los últimos meses son muy malos.

¿Cuáles son las prioridades de esta nueva legislatura en materia de trabajo? Parece que de momento sólo se habla de facilitar la vuelta de los inmigrantes que no logren obtener un trabajo a sus países de origen, reduciendo así la población activa. Pero como explica El País, esto no va a ser tan fácil como suena, ya que el arraigo es alto y los países de origen muchas veces ofrecen menos posibilidades de las que hay aquí.

El diálogo social ha sido en los últimos años un instrumento muy bueno para generar empleo, y los millones de puestos de trabajo creados en los últimos 12 años dan cuenta de ello. Esperemos que todos sean flexibles ahora que las cosas son más difíciles. ¿Serán capaces los sindicatos de aceptar un despido más barato? ¿Y los empresarios un salario mínimo más alto y mayor estabilidad laboral?

Y sobretodo, ¿se puede realmente hacer algo para evitar que el paro siga subiendo? Se ha acabado un ciclo, el de la construcción, que además afecta a muchos puestos de trabajo indirectos, tanto del sector industria como al sector servicios, y recolocar a esta gente no va a ser tan fácil.

“Para saber más”: El País

Crisis y prioridades

TRIBUNA: FELIPE GONZÁLEZ

(Noticia extraída de El País 07-05-2008)


Hace una década se produjo una crisis en el sistema financiero de un gran número de países emergentes. Empezó por el Sureste Asiático. China la eludió y, aunque se considerara que sus medidas habían sido poco ortodoxas, su aceptación fue entusiasta en Davos. El contagio pasó a Rusia y a Turquía y desde allí saltó el Atlántico golpeando primero a Brasil, más tarde a Argentina y a otros de manera dramática.

Lo urgente es el frenazo económico, no la financiación de las autonomías

La principal ventaja de España es el ahorro público de los últimos años

Se decía que los países centrales estaban al abrigo de esta crisis financiera, pero mi percepción de las implicaciones del fenómeno de la globalización me llevaba a decir que era inevitable que se terminaran contaminando los mercados financieros de estos países.

En la primavera de 2000 -un año y medio antes de los terribles atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono-, los mercados financieros del mundo desarrollado se desplomaron, mostrando la interdependencia que marca el signo de la nueva era, tanto en el sistema financiero internacional como en la economía global. A nosotros como país también nos llegó. El ajuste frente a aquella crisis fue más rápido de lo previsto, en el conjunto del sistema.

Ahora, la crisis financiera internacional ha empezado por los países más desarrollados con una dimensión y calado que aún no podemos evaluar. En particular por Estados Unidos y Reino Unido. Ha repercutido en el resto de Europa en grados diferentes e inevitablemente ha tocado a nuestro país.

De nuevo, pero en dirección contraria, se oye decir que los países emergentes, en particular los más exitosos, no están comprometidos por esta crisis de los centrales. Incluso se están desviando operaciones hacia sus mercados de valores en magnitudes considerables. Y de nuevo, como hace diez años, tiendo a creer que la interdependencia, y por tanto el contagio, es una característica inseparable de la globalización de la economía y del sistema financiero en el mundo. Por eso, los efectos de esta sacudida no se van a quedar en los mercados centrales sino que se van a extender al resto.

Empezamos a constatar consecuencias globales en aspectos diversos de la situación económica. Por ejemplo, las limitaciones o prohibiciones a la exportación de alimentos para enfrentar el encarecimiento de los precios son perfectamente comprensibles, pero, me temo que salvo el efecto coyuntural o aparente, agravarán la carrera de los precios, provocarán operaciones especulativas y de acumulación.

En el trasfondo de la nuevarealidad mundial, se está produciendo una transferencia enorme de ahorro desde los países altamente desarrollados y con gran hábito de consumo, a los países productores de materias primas -energéticas y otras- y a los emergentes como China, que están ahorrando y acumulando capital. Así, la destrucción de ahorro en esta crisis financiera y los compromisos agobiantes de pago frente al futuro de grandes zonas desarrolladas tiene una imagen especular en los excedentes de capital de los países petroleros o de los fuertemente ahorradores con altas tasas de crecimiento.

Realidades nuevas que es difícil prever cómo se van a manejar y cuáles serán sus resultados en las relaciones de fuerza mundiales, pero que es inevitable que tengamos en cuenta porque nos afectan directamente como país, cómo afectan al área de la Unión Europea en la que nos insertamos.

Como en toda crisis de estas características, en la que dominan los elementos exógenos e inciertos, tenemos que analizar las repercusiones presentes y las por venir que puedan preverse, y reaccionar minimizando los efectos negativos y aprovechando las ventajas relativas de que podamos disponer.

La principal ventaja relativa de que disponemos como país, a diferencia de nuestros vecinos, es el ahorro público obtenido en una buena gestión de la bonanza de los últimos años. Pero también es cierto que el impacto de la desaceleración en la actividad relacionada con el cemento y el ladrillo es mayor para nosotros que para otros.

Seguramente nos puede ayudar la situación comparativamente mejor del sector financiero, más allá del aumento de la morosidad que estamos viendo, porque han sido más prudentes que otros y los controles han funcionado más. Pero también se nos planteará el reto de cambiar nuestro modelo de crecimiento, incorporando valor para mejorar nuestra competitividad en la economía global.

El Gobierno apunta en la dirección de priorizar en las inversiones en infraestructuras, en la vivienda protegida, en la rehabilitación en centros urbanos, entre otras. Parece lo correcto para España, porque la prioridad de las prioridades cuando se tiene margen para actuar anticíclicamente es incidir en inversión generadora de actividad y recuperadora del empleo que se está destruyendo.

Sin embargo, el debate abierto en materia de financiación de las Comunidades Autónomas puede ir a contracorriente de las anteriores prioridades en esta coyuntura de crisis. Inexorablemente, la nueva financiación producirá incrementos de gasto en sectores que lo necesitan de los servicios esenciales transferidos, pero que están desvinculados de los efectos de la desaceleración de la economía y del empleo que necesitamos recuperar.

Es cierto que la negociación estaba prevista desde antes de conocerse la crisis financiera internacional y sus efectos, pero los diferentes actores políticos, económicos y sociales no pueden dejar de considerar la situación actual para redefinir sus objetivos ante la marcha de la economía.

En estas circunstancias, cabría esperar que los responsables autonómicos, junto con los del gobierno central, los agentes económicos y sociales y los responsables políticos, centren la atención en la recuperación de la actividad para frenar la caída del empleo. Inversión más que gasto corriente hasta que veamos un nuevo horizonte en nuestra economía.

Tanto si me coloco en el papel de los responsables de la política económica del gobierno central como en sus homólogos de las comunidades autónomas, de cualquier signo político, el máximo esfuerzo negociador lo dedicaría a esta política anticíclica que atenderá más claramente a las necesidades inmediatas de los ciudadanos y dejaría para un momento posterior -y más favorable- la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Como ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable para que sea satisfactorio el resultado, es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental. Conozco la dinámica propia del mundo de la política y sé que se puede contra argumentar diciendo que son excusas e incumplimientos sobre acuerdos previstos, pero en el fondo la única manera de afrontar la realidad es mirar de frente las necesidades de los ciudadanos, antes que las nuestras.

Felipe González es ex presidente del Gobierno español.

 

 

 

 

Solbes: ‘Contábamos con la subida del paro. Posiblemente se esté acelerando algo’

 (Noticia extraída de El Mundo 07-05-2008)

 

Reconoce que será ‘muy difícil’ acabar el año con una inflación del 3%
- Saénz de Santamaría dice que el dato es ‘desastroso’
- Corbacho dice que el paro comenzará a recuperarse a mediados de 2009

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha afirmado que contaba con el aumento del desempleo en abril, que se incrementó en 37.542 personas, un 1,6% más que en el mes anterior, aunque ha reconocido que “posiblemente se esté acelerando algo”.

En rueda de prensa durante la Asamblea del Banco Asiático de Desarrollo, Solbes también se ha mostrado preocupado por la subida de los precios y ha afirmado que si se consolida el actual encarecimiento de los alimentos y del petróleo el objetivo de acabar el año con una inflación del 3% será “muy difícil de alcanzar”.

Pese a que el aumento del IPC y del paro confirman la desaceleración económica, el ministro de Economía ha insistido en que se puede conseguir un crecimiento medio del 2,3% en el conjunto del año -ésa es la previsión oficial del Ejecutivo- y ha añadido que él no utiliza la palabra “crisis”.

“Si por crisis entendemos recesión, no estamos ni mucho menos en recesión”, ha señalado el vicepresidente segundo, para quien ambas son “palabras mayores que hay que utilizar para otras circunstancias”.

Fichaje de Taguas

Preguntado sobre el fichaje del ex director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, como presidente de Seopán, la patronal de las constructoras, y la compatibilidad de sueldos, el ministro ha señalado que “es una decisión personal” y que “sobre la ética personal de cada uno no me pronuncio”. Además, recordó que las posibles incompatibilidades entre uno y otro cargo están estipuladas por ley.

El ex director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, tendrá derecho a cobrar durante 18 meses un sueldo público además de los 300.000 euros que podrá ganar como presidente de Seopan, según ha revelado este martes EL MUNDO.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha afirmado que el paro debería recuperarse para mediados de 2009 y ha convocado para mañana, miércoles, a sindicatos y empresarios para empezar a sentar las bases del proceso de diálogo social de esta legislatura.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el aumento del paro en abril no sólo es un dato preocupante, sino que es “desastroso”, y se quejó de que mientras se conocen estos índices económicos negativos, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está “desaparecido” y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no sabe qué hacer.

Sáenz de Santamaría también ha afirmado que la Oficina Económica del Presidente del Gobierno se ha convertido en la “mejor oficina de colocación de este país”, como demuestra, a su juicio, el puesto que ha conseguido Taguas.

Gobierno, sindicatos y CEOE abren el diálogo para combatir la desaceleración

(Noticia extraída de Cinco Días 07/0520/08)

 

La Seguridad Social elevó el número de cotizantes en 20.974 en abril debido al parón en la construcción y a los sectores vinculados a ella, como los servicios inmobiliarios o la industria que fabrica bienes de equipo para vivienda. Pero la evolución corregida de los efectos del calendario arroja un descenso de 56.100 afiliados.

El mercado laboral permanece en su senda de deterioro que inició a finales del año pasado. Los 56.100 afiliados menos en abril y los 92.500 parados más así lo confirman. Estos datos son desestacionalizados, es decir, se ha corregido estadísticamente el efecto de que la Semana Santa cayera en 2007 en abril y este año en marzo.

El Ministerio de Trabajo optó por resaltar los datos sin ningún tipo de corrección y aunque mejoran sensiblemente, están lejos de ser positivos, en palabras del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Así, en datos no corregidos, la afiliación aumentó en 20.974 personas de marzo a abril, un 0,74%, el peor dato desde 1994, y el paro se incrementó en 37.542 personas hasta alcanzar los 2,3 millones de parados. Corbacho, flanqueado por la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, achacó los datos al parón de la construcción en exclusiva y mantuvo que las previsiones del Gobierno de cerrar el año con una tasa de paro del 9,8% se mantienen. Sin embargo, con los datos de abril, la tasa de paro ya supera el 10%.

Por otro lado, en la medida que la construcción emplea mayoritariamente a hombres, se ha producido un estrechamiento de las diferencias de género. Así, la afiliación entre las mujeres en abril aumentó un 3,06% en tasa interanual mientras que la de hombres cayó un 0,9%. La Seguridad Social perdió 28.600 cotizantes de la construcción en abril, según informó Granado.

El sector de los servicios hoteleros fue el que más contribuyó a las nuevas altas a la Seguridad Social. Además, la mayoría de los nuevos contribuyentes fueron extranjeros. De hecho, entre los españoles, cayó el número de afiliados.

Por otra parte, la construcción monopoliza también la interpretación de los datos de desempleo. Si bien en todos los sectores se observa un incremento del paro, en la construcción 16.647 trabajadores perdieron su empleo sólo en abril. De éstos, 3.580 eran extranjeros. Y en un año, son 115.000 los nuevos trabajadores del ramo de la construcción que han pisado las oficinas de empleo. Sin embargo, en abril, industria, servicios y agricultura también han contribuido, aunque en menor medida, a disparar el desempleo.

Maravillas Rojas, buscó entre la estadísticas datos positivos y encontró que la evolución del paro femenino era mejor que el masculino. Aunque reconoció que ello era habitual en época de ‘crisis’.

Y sorprendió que utilizara este término, ya que el Gobierno se guarda mucho de pronunciar en público la palabra crisis. El paro masculino aumentó en un 30% en abril respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el de las mujeres subió un 6,7%. Otro dato positivo al que se aferró la secretaria general de Empleo fue el aumento de la contratación indefinida, que aumentó un 12% en abril en tasa anual.

Más gasto en prestaciones

Aumento del paro es sinónimo a incremento del gasto público en prestaciones por desempleo. En marzo, último dato disponible, la administración desembolsó 1.491 millones de euros en prestaciones. Un 21,2% más que en marzo de 2006. En los primeros tres meses del año lleva gastados 4.500 millones de euros por este concepto, un 20% superior al primer trimestre de 2007. El número de beneficiarios extranjeros ascendió a 160.000 en marzo, un incremento del 66,8%.

Botín, optimista

El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, se mostró convencido de que España tiene elementos suficientes para salir con éxito de la actual desaceleración. Con todo, Botín reconoció que este año y el siguiente ‘no serán tan buenos’ como los anteriores.

Reunión hoy con patronal y sindicatos

Celestino Corbacho, que ayer vivió por primera vez la publicación de los datos de paro como ministro de Trabajo, anunció que hoy se reunirá con los sindicatos y la patronal para poner las bases del diálogo social y hacer un frente común contra la desaceleración. Corbacho se mostró confiado en que el plan de choque contra la desaceleración proyectado por el Gobierno se traducirá en un mejora del empleo a partir de medianos del año próximo. Y destacó que el avance de la obra pública sería una de las medidas más eficaces para ello.

Corbacho, que fue alcalde de L’Hospitalet, manifestó su voluntad de coordinar su política con las comunidades autónomas, con las que se reunirá a finales de mayo o principios de junio y con la Federación de Municipios.

Jaume Viñas

Mercado europeo, contratos públicos y derechos laborales

Mercado europeo, contratos públicos y derechos laborales

 

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues

(Noticia extraída de Cinco Dias 06/05/2008)

 

El encaje entre las libertades económicas exigidas por el mercado único europeo y los sistemas laborales nacionales sigue siendo fuente de problemas y de dificultades interpretativas.

Entre los objetivos de la construcción europea están tanto los económicos como lo sociales (a pesar de que el acento se haya puesto bastante más en los primeros), no siempre fácilmente conciliables.

De nuevo el Tribunal de Justicia de la UE ha debido afrontar los conflictos derivados de la determinación de las condiciones de trabajo aplicables a trabajadores desplazados a otro Estado miembro en el marco de una prestación de servicios transnacional. La sentencia de 3 de abril de 2008, en ese sentido, responde a la cuestión prejudicial planteada por los tribunales alemanes, acerca de si constituye una restricción injustificada de la libre prestación de servicios el hecho de obligar a la entidad adjudicadora de contratos públicos a designar como adjudicatarias únicamente a empresas que al licitar se comprometan a pagar a sus trabajadores, como mínimo, la retribución prevista en el convenio colectivo aplicable en el lugar de ejecución del contrato.

La normativa alemana que suscita la duda, del land de Baja Sajonia, pretendía luchar contra las distorsiones de la competencia, en el sector de la construcción y de los transportes públicos de cercanías, derivadas del empleo (por parte de empresas adjudicatarias provenientes de otros Estados miembros) de mano de obra más barata y de la consiguiente reducción de las cargas sociales. Para ello, establecía que la entidad pública adjudicadora sólo podría adjudicar contratos de obras y de transporte público de cercanías a empresas que abonasen a sus trabajadores los salarios fijados en los convenios colectivos vigentes en el lugar de ejecución de la prestación de servicios. Además, el adjudicatario debería comprometerse a imponer a sus subcontratistas esas mismas obligaciones y a controlar su cumplimiento.

Habiéndose subcontratado, en el caso enjuiciado, con una empresa polaca, cuyos trabajadores percibían un salario inferior al establecido en el convenio colectivo aplicable en Alemania, se plantea al Tribunal europeo si el compromiso de aplicación del convenio colectivo está justificado por razones de interés general. Surge, en efecto, la duda de si tal exigencia redunda en la pérdida de la ventaja competitiva que las empresas radicadas en otros Estados miembros pueden tener como consecuencia de sus más bajos costes laborales. Si fuese así, la obligación de respetar los convenios representaría un obstáculo para las personas físicas o jurídicas procedentes de esos otros Estados. Y ello podría constituir una restricción injustificada de la libre prestación de servicios.

El Tribunal de Justicia, al resolver la cuestión prejudicial, comienza recordando que la Directiva 96/71 exige que en los casos de desplazamientos de trabajadores en el seno de una prestación de servicios transnacional se garanticen a los mismos determinados derechos laborales, en particular los salarios mínimos establecidos en el país de prestación de los servicios. Ahora bien, añade, una ley como la analizada, que en sí misma no haya establecido ninguna cuantía del salario mínimo, no puede considerarse una disposición legal de fijación de salarios mínimos.

Y el convenio cuya aplicación se pretendía no puede considerarse un convenio de aplicación general, afectando sólo a los contratos públicos, con exclusión de los privados. Los salarios fijados en el mismo no son, por tanto, salarios mínimos a efectos de la directiva, ni pueden considerase, en los términos de la misma, una condición de empleo y de trabajo más favorable para los trabajadores.

La directiva, pues, no puede interpretarse en el sentido de que permita a los Estados supeditar la realización de una prestación de servicios en su territorio al cumplimiento de condiciones de trabajo y de empleo que vayan más allá de las exigencias imperativas de protección mínima. Esa interpretación privaría de eficacia a la directiva, cuyo objetivo no es otro que la consecución de la libre prestación de servicios.

Las empresas prestadoras de servicios no están obligadas más que al respeto de las condiciones mínimas fijadas por la directiva, salvo que voluntariamente acepten la aplicación de las condiciones de trabajo más favorables vigentes en el Estado de prestación de los servicios, y salvo que sus trabajadores ya disfrutasen en su propio Estado de condiciones más favorables.

Lo contrario, dice el Tribunal, significaría imponer a los prestadores de servicios de Estados con salarios inferiores una carga económica adicional, que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de sus prestaciones en otros Estados miembros. Y no puede considerarse esa imposición justificada por el objetivo de la protección de los trabajadores, ni necesaria para evitar un riesgo grave para el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

La Directiva 96/71, se opone, pues, a una medida de carácter legal que exija a la entidad adjudicadora designar como adjudicatarias de contratos públicos únicamente a las empresas que, en la licitación, se comprometan a pagar a sus trabajadores, como mínimo, la retribución prevista en el convenio colectivo aplicable en el lugar de ejecución del contrato.

Respetando las condiciones mínimas que identifica la directiva (y nuestra ley de transposición, 45/99, de 29 de noviembre), en la adjudicación de contratos públicos no puede pretenderse anular la ventaja competitiva que para posibles adjudicatarios y subcontratistas de otros Estados derive de la menor retribución de sus trabajadores y de sus consiguientes menores costes laborales.

“No comparto la receta de la congelación salarial”

“No comparto la receta de la congelación salarial”

 

(Noticia extraída de La Vanguardia 05/05/2008)

 

“Prefiero que las rentas altas paguen un 1% más que congelar un sueldo de 600 euros” Entrevista a Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración

Lleva tres semanas en el cargo y dice que ha perdido tres kilos. El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración. Celestino Corbacho, afronta una situación complicada en el escenario laboral, con un desempleo en alza que afecta a la política de inmigración.

Por primera vez, España se enfrenta a una situación de paro elevado y mucha inmigración. ¿Cómo piensa afrontarlo?

No debe haber un tratamiento diferente en función de la condición de la persona. Pero lo que sí que hay que matizar es el discurso. En una estructura federal como la que tiene España, hay asuntos que son responsabilidad del ministerio, pero hay otros que corresponden a las administraciones autonómicas y locales. El paro es responsabilidad de las tres administraciones y entre todos tenemos que identificar y cooperar en las políticas activas de empleo. Defiendo un diálogo tanto social como territorial.

La tasa de paro de los inmigrantes es ya muy alta, de casi el 15%. ¿Significa que España ya no necesita más inmigrantes?

No haría una afirmación tan contundente, porque vivimos en una economía muy compleja, con elementos incluso contradictorios. Por ejemplo, aumenta el número de puestos de trabajo que se pierden pero todavía aumenta más el número de personas que se incorporan como cotizantes a la Seguridad Social. La desaceleración afecta a un sector: la construcción, que a su vez es el que incorporaba a más inmigrantes. Por tanto, el inmigrante que pierde el empleo no es a causa de su condición de inmigrante sino debido a que trabajaba en un sector que está en desaceleración.

¿Eso significa el fin de la contratación en origen?

No soy partidario de poner en crisis un modelo que es bueno. La contratación en origen facilita el control de la legalidad, da más garantías y permite que las empresas vayan a buscar a la gente que realmente necesitan. Dicho esto, no tendría demasiado sentido que con un mercado interior con paro se fuese a buscar trabajadores fuera. La prioridad número uno es que los empleos disponibles sean cubiertos por el mercado interior y sólo cuando no sea posible se contrate en origen.

Tanto Zapatero como usted han planteado la posibilidad de facilitar el retorno de inmigrantes a partir de la capitalización del desempleo. Sin embargo, en los últimos años pocos extranjeros han retornado a su país.

El retorno es una buena idea, pero no se han de crear falsas expectativas. Sobre este punto lo que he encargado es profundizar más en la idea de permanencia más que de coyuntura. Si nos limitamos a dar un plus a la persona de aquí que esté en el paro para que se vaya, puede que dentro de un año vuelva. Si por el contrario nos guía una voluntad de permanencia y si nuestras agregadurías laborales en las embajadas con convenios bilaterales con los gobiernos de origen establecen programas de retorno acompañados, entonces podemos conseguir que la persona que retorna se convierta en un emprendedor que además ayuda al desarrollo. Es cierto que estamos en una economía de contradicciones y puede suceder que tengamos un excedente de albañiles, que quizás otro país emergente necesita, pero al mismo tiempo nos hacen falta cuidadores. Y unos y otros no son intercambiables.

¿Con qué países se hablará de un retorno subvencionado?

No sería partidario de hacerlo universal. Por ejemplo, no a países de la UE, incluidos Rumanía y Bulgaria, cuya moratoria acaba dentro de seis meses. Dentro del espacio europeo ya funciona el mercado. Habrá que empezar con una prueba piloto y seleccionar algún país de Latinoamérica, como Ecuador o Colombia, o de África, como Marruecos. Hay que priorizar aquellos países que tengan un mayor número de trabajadores aquí y hacerlo en colaboración con la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Hay que gobernar con luces largas. Y medidas como esta requieren cambios legislativos, porque hasta ahora la capitalización del paro sólo se permite a españoles y se hace en dos fases y para negocios autónomos.

El Gobierno francés ha criticado con dureza la última regularización. ¿Fue un error?

No comparto esta crítica. España tenía un problema grave, había

un número muy elevado de gente en situación irregular y se necesitaba gente para ocupar puestos de trabajo. Era un contrasentido ir a buscar gente fuera cuando aquí la había en situación irregular. Fue fruto de unas circunstancias. Lo que sí puedo decirle es que en estos momentos no hay idea de ninguna regularización.

¿Y qué pasará con la gente que no tiene papeles?

El único discurso que hace el Gobierno es que los inmigrantes han de ser legales. Puede haber todos los inmigrantes que se necesiten pero con contrato. Y cuando digo esto soy consciente de la realidad. El problema existe aquí y en todos los países europeos y no se podrá resolver en 48 horas. Pero nada de papeles para todos.

Qué pasa con los menores que llegan por reagrupación familiar: ¿se les concede el permiso de residencia pero no el de trabajo?

La ley tiene una debilidad y una contradicción. Es generosa para la reagrupación y en cambio tiene enormes contradicciones. El hecho de que la reagrupación no vaya acompañada del permiso de trabajo es malísimo. La primera intención del chico que llega es trabajar para ayudar a su familia y se encuentra con que no puede hacerlo, pero es que además no puede acudir ni a cursos de formación ni a una escuela taller. Y acaban en la calle. Esto se ha de revisar y en mi primera comparecencia en el Congreso de Diputados identificaré a corto plazo los instrumentos jurídicos y legales para hacerlo. Pero también anticipo que no seré un ministro de muchas leyes. En España hay una inflación de leyes y normas. Tengo vocación reformista, sin grandes cambios legislativos que desorientan.

Como alcalde se mostró a favor de que los inmigrantes pudiesen votar al menos en las municipales. Esto requiere también un cambio legislativo.

El derecho de voto para los inmigrantes no es una prioridad de la discusión política. Ha de formar parte de una cierta reflexión que no puede desbordar el marco constitucional. Hay que plantearse que en determinadas condiciones, por ejemplo, gente que lleva viviendo aquí desde hace ocho o diez años y con una clara vocación de permanencia pueda participar en la elección de sus representantes municipales. Si a un 25% de ciudadanos de una población no se le da la oportunidad de votar, es lógico que se desentiendan de la realidad. Ese derecho es una pieza importante de la integración. Pero esta debe ser una reflexión que se haga en sede parlamentaria, que la han de llevar los partidos y que se ha de hacer con un consenso muy amplio.

Zapatero dijo en la campaña electoral que citaría de inmediato a los agentes sociales, pero todavía no lo ha hecho.

Yo ya he tenido reuniones con Comisiones Obreras, UGT, la CEOE y la Cepyme. El próximo miércoles está convocada una reunión para presentarles la nueva estructura del ministerio para que, a partir de ahí, empiecen a trabajar en mesas sectoriales. Todo eso para concluir en una mesa al máximo nivel con el Gobierno, la patronal y los sindicatos para llegar a un acuerdo, cuyas bases podrían estar listas en verano. Es una de las prioridades del presidente, y yo he podido constatar tanto en la patronal como en los sindicatos buena predisposición.

Pero los sindicatos ya han dejado claro que no están dispuestos a hablar de moderación en los salarios.

Me parece razonable la posición de los sindicatos. Si el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco de España y el Ministerio de Economía pronostican un menor crecimiento económico, pero no negativo, si el Estado tiene todavía superávit, si la Seguridad Social está saneada, si el sistema de protección del desempleo no está en crisis y si todo el mundo pronostica una recuperación para mediados del año próximo, no puedo estar de acuerdo con la receta de congelación salarial o disminución del poder adquisitivo de los salarios. Incluso se contradiría con el objetivo de desarrollo de la economía: si los asalariados pierden poder adquisitivo, lo primero que se resentirá es el consumo. Otra cosa es que por la propia dinámica del mercado se acaben ajustando al igual que se han ajustado los precios de la vivienda. En este aspecto estoy mucho más cerca de los sindicatos que de la CEOE.

También pide moderación el Banco de España.

Bueno, pues también estoy más cerca de los sindicatos que del Banco de España. Pedirle a una persona que gana 600 euros que acepte congelar su salario no me parece bien. Es mejor que las rentas más altas paguen un 1% más. Las clases más desfavorecidas no deben pagar la coyuntura. Otra cosa es que apliquemos políticas de apoyo a las empresas, como el adelanto del retorno del IVA o avales del ICO.

¿Va a plantear una reforma laboral?

Hay que reformar bastantes cosas en el Ministerio de Trabajo. Hoy en día las políticas activas de empleo están descentralizadas, y el papel del ministerio debe ser más de visión global y de concertación, en lugar de intervenir directamente en los asuntos de empleo y paro como ha hecho históricamente. No se hará en tres meses ni en dos años.

¿Se tocará la legislación sobre despido y contratación?

Hay suficiente flexibilidad en los sistemas de despido y de contratación como para que no sean un problema y al mismo tiempo aseguren una serie de garantías. Soy bastante liberal y creo en el mercado, pero el mercado no es el depositario de los derechos de la gente. El despido libre no forma parte de nuestro sistema de bienestar social. No creo en el modelo americano, porque he podido comprobar lo injusto que es.

La reforma del sistema de cálculo de las pensiones es otro de los asuntos pendientes. ¿Se va a abordar?

La referencia es el pacto de Toledo. Cualquier reforma debe estar en el espíritu de este pacto. Como ministro, no me atrevería a hacer una propuesta unilateral.

DOLORS ÁLVAREZ / JOSEP PLAYÀ