La aprobación -con la oposición unánime de los sindicatos- del plan de empleo del Gobierno de Canarias, esa famosa Estrategia que discrimina a los trabajadores que no lleven tres años residiendo en Canarias, y que favorece a las empresas locales, en contra del criterio de libre competencia establecido por la Unión Europea, supone una verdadera desvergüenza, un definitivo salto de esta concreta Administración en dirección al populismo, la discriminación y xenofobia.
El Gobierno y las patronales presentes en el Consejo de Empleo han superado sin rubor alguno la línea de lo que es moralmente aceptable. Están claros los motivos de la Consejería de Empleo para traspasar esa siniestra línea, pero no tanto los de la patronal: a los patronos seguramente les importan poco las medidas para favorecer teóricamente el empleo de residentes de larga duración, medidas que saben técnicamente inviables. A los patronos les interesa mucho más lo que han logrado a cambio de su espurio apoyo, el compromiso del Gobierno de favorecer en la contratación pública a las empresas canarias frente a las de fuera, en claro desafío a las normas que sobre la libre competencia rigen en la Unión Europea. Pero no van a sacar gran tajada: la Estrategia del Gobierno será rechazada por la Unión en cuanto se convierta en normativa legal, que aún no lo es: los técnicos que han elaborado esta propuesta idiota, saben perfectamente que su único objetivo es cumplir la idiota promesa electoral realizada por el presidente Rivero cuando era candidato. Convertir la Estrategia en regulación va a ser mucho más difícil, porque los reglamentos y normas sí pueden ser confrontados con las leyes. Mientras eso ocurre, mientras la Consejería de empleo sortea el ridículo de un plan inaplicable, se gana un tiempo precioso para el discurso ramplón de las elecciones, y se sigue emponzoñando a la población con falsedades sobre las causas del paro y sobre la crisis que ya nos sopla en el cogote.
Es algo indecente. La Estrategia de empleo de este Gobierno se dirige precisamente contra los dos factores que más han influido en los últimos veinte años en el crecimiento económico canario: las políticas europeas, que han aportado alrededor del uno por ciento anual de nuestro producto interior bruto, y el trabajo emigrante, que ha producido en los últimos diez años entre el cuatro y el cinco por ciento del PIB canario. Pero no se trata de que este Gobierno esté loco: no lo está en absoluto. Lo que ocurre es que en materia de empleo actúa con un cinismo e hipocresía que sólo es comparable a la de este sector empresarial nuestro que siempre quiere más ventajas y privilegios y pide más trato de favor a cambio de implicarse en un plan que no piensan cumplir. Mientras la mano de obra inmigrante sea más barata que la local, seguirán usándola. Piensan que con este proyecto se ahorrarán también el tener que contratarla.
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